Continuando con la teoría de Francis Fukuyama en “La construcción de estado”, el siguiente capítulo serían los cuerpos de seguridad del estado.

Y al igual que pasa con los jueces, resulta que la policía, algunos pocos a Dios gracias, corrompida ideológicamente, actúa no al dictado de la independencia y de la objetividad, si no del poder político o ideológico.

Ejemplos hay unos cuantos: el chivatazo del bar Faisán, donde se avisa a los terroristas que mañana van a matar a cualquiera de sus compañeros, que vienen a por ellos. O las malintencionadamente ambiguas, generosamente hablando, comunicaciones posteriores al 11M. O el hecho de sacar esposados como a criminales a detenidos por presunta corrupción urbanística. O detener a dos manifestantes militantes porque abuchean a un político del bando contrario.

El problema es que si este tipo de acciones no se castigan, la gente que tiene el poder se acostumbra a malversarlo. Y cada vez es más fácil cruzar la línea. Y claro, si además resulta que los que tienen que juzgar son del mismo bando, o del contrario, es decir, no son independientes y objetivos, las sentencias quedan desvirtuadas. Y el círculo vicioso no se rompe. Y con el cambio de régimen, llega el ojo por ojo.

La triste realidad es que el poder político ha corrompido las instituciones que tienen que velar por la justicia y la libertad de nuestra joven democracia (a ciertos elementos de las mismas). No pasa nada aquí, como casi siempre, porque a la mayoría ‘nos pilla lejos’ y ‘no nos afecta’. Pero no es cierto desde el momento que no te puedes significar políticamente.

Justicia domada

Fukuyama explica en uno de sus últimos ensayos (La construcción del estado - 2004) que para que una nación crezca sólida, tenga unos buenos cimientos, es necesario que ciertas instituciones sean independientes del propio estado. Se refiriere principalmente la Justicia, ya que, en un entorno de creación de riqueza, lo más importante es que las personas tengan absoluta certeza de justicia, independencia y equidad. Confianza, se llama. A partir de ahí, comenta, el estado debe poner su parte de obra para crear e impulsar esa economía de mercado que defiende en un entorno democrático liberal.

Él se refiere a los estados en construcción, pero, ¿Qué hacemos con la Justicia partidista y/o corrompida en estados desarrollados?.

Pongamos el ejemplo de España, ¡para qué ir más lejos!. Tenemos un poder judicial total y absolutamente ideologizado y controlado por los partidos políticos o el gobierno de turno que dictamina en base, no del interés común, sino al interés del momento de quien gobierna.
Algunos ejemplos: ¿Cómo puede ser posible que el Tribunal constitucional lleve 3 años debatiendo acerca de la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña?, ¿Cómo puede ser que a un magistrado no se le expulse a sabiendas de que ha cobrado dinero de una empresa y al mismo tiempo participaba en una causa contra esa misma empresa?, ¿Cómo puede ser que un juez sentencie que es legal rotular en castellano, o inglés, o chino, o cirílico?, etc

El problema es que no estamos hablando de fallos en sentencias o retrasos, que se pueden dar por la acumulación de trabajo o la escasez de recursos. Estamos hablando que estos señores amoldan las leyes al calor del interés del que está en el poder…pero claro, teniendo en cuenta que se nombran no por su valía si no por el lado del que cojean y nos sus compañeros si no el político de turno, se puede entender que haya estómagos agradecidos. ¿Y esto no es un tipo de prevaricación por ‘ingeniería judicial’?

Así que Fukuyama, o cualquier otro pensador, debería iluminarnos en cómo reconstruir un estado desarrollado cuyas grietas estructurales amenazan derrumbe.